En el contexto de la guerra en Gaza, la documentación del número real de personas fallecidas se ha vuelto extremadamente difícil. No solo por la magnitud de la destrucción, sino también por la afectación directa a quienes intentan registrar las muertes: rescatistas, hospitales, familias y autoridades sanitarias.

Muchos cuerpos permanecen bajo los escombros sin ser recuperados; otros llegan a hospitales desbordados y atacados; muchos resultan irreconocibles, impidiendo su identificación por parte de familiares. En este escenario, el Ministerio de Salud de Gaza queda como la única fuente centralizada de datos, con cifras que históricamente han sido consideradas confiables, pero que hoy podrían subestimar la magnitud real de la tragedia.

La destrucción de infraestructura, de registros y de evidencias no es un daño colateral menor: afecta directamente la posibilidad de verdad, memoria y rendición de cuentas.

Y existe una orden de la Corte Internacional de Justicia (enero de 2024), que exige preservar pruebas relacionadas con posibles crímenes de genocidio.

Los datos están disponibles en formato de plantilla en: http://bit.ly/vp-destroying-evidence